El Gobierno canadiense prohibirá durante los próximos dos años comprar viviendas a extranjeros no residentes. La nueva ley entró en vigor el pasado 1 de enero con el objetivo de controlar la escalada de precios que el mercado residencial experimenta desde la pandemia, y ante la creencia de que los compradores extranjeros adquirieron numerosas propiedades como inversión. Las personas que incumplan la prohibición se enfrenta a multas de hasta 10.000 dólares y se les podrá obligar a que vendan la propiedad.
La norma -aprobada por el parlamento canadiense el pasado mes de junio- sí que permite comprar viviendas a los refugiados, estudiantes internacionales y, entre otros, a los residentes permanentes de Canadá que vayan a usar los inmuebles como residencia principal.
Según han explicado en los últimos meses desde el Partido Liberal del primer ministro Trudeau, en el mercado inmobiliario canadiense se han producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores extranjeros que han generado un problema de falta de vivienda y de precios disparados. «El atractivo de las casas canadienses está atrayendo a especuladores, corporaciones ricas e inversionistas extranjeros. Las casas son para las personas, no para los inversionistas», decía la formación en su web.
La medida, una de las promesas electorales de Trudeau en su última campaña a las elecciones de 2019, se pone en práctica pese a que los precios de la vivienda en Canadá han caído en torno al 13 % este año, según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces.
Todo ello después de fuertes subidas tras la pandemia del coronavirus y de que el Banco de Canadá haya estado elevando los tipos de interés en los últimos meses.
El pasado mes de abril, el Gobierno canadiense presentó su proyecto presupuestario para el año fiscal 2022-2023 concentrado en la reducción del déficit y el abaratamiento de la vivienda en el país.
De los 31.200 millones de dólares canadienses (24.800 millones de dólares estadounidenses) correspondientes al nuevo gasto, una tercera parte está destinada a hacer la compra de viviendas más asequibles para los canadienses.
Fuente El Economista